EL ESTADO DE DERECHO FRENTE AL “ESTADO DE CONFUSIÓN”. NOTICIAS FALSAS Y BULOS.

No hay un campo más abonado para la creación de fake news y bulos que una pandemia y una situación excepcional como la que estamos viviendo.

Nos llegan bulos desde el grupo de WhatsApp de padres y madres del Colegio, del chat de la comunidad de propietarios, o incluso de otras esferas más altas, y tienen una apariencia atractiva y un mensaje impactante sobre alguna cuestión  de interés del momento, para que creen un afán de leerlo enseguida,  propiciando además que se propaguen de manera muy rápida, al haber un enorme grupo de sujetos que, durante un tiempo suficiente para la propagación, no sabrán que es un bulo. Aunque, afortunadamente, está calando cada vez más  la necesidad de contrastar las noticias en la ciudadanía.

Sería una anomalía que en los países democráticos no hubiera un cierto control jurídico de las noticias falsas, que tienen una finalidad de desestabilización y de causar un daño, sin importar de donde procedan.

Ello no debe suponer menoscabo del resto de derechos fundamentales, y desde Quantika14  no podemos dejar de insistir en ello.

Dicho esto, lo cierto es que el Código Penal vigente y la Jurisprudencia que sobre determinados tipos delictivos ha ido sentando el Tribunal Supremo tiene herramientas legales para que, en casos de transgresión grave, el Estado actúe, y ello no debe confundirse con  una especie de “censura”,  dado que la intervención del Derecho Penal se produciría cuando no hay otros mecanismos jurídicos menos drásticos o  punitivos para evitar un grave daño al interés colectivo o a bienes jurídicos de esencial importancia.

“Tal y como se recoge en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2017 (correspondiente al ejercicio 2016), todos los indicadores «apuntan a un incremento» de estos delitos, fomentados por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) que, en palabras de la STS n.º 4/2017, de 18 de enero (FJ 2), «intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones o mensajes que, en otro momento [histórico], podrían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado grupo de destinatarios». BOE 124, de 24 de mayo de 2019

Un Estado de Derecho debe actuar desde sus organismos legítimos, al fin y al cabo,  para que no se produzca un ataque a sus propios cimientos. Por así decirlo, el sistema “inmunitario” del Estado a veces también tiene que contraatacar a los elementos perniciosos.

Y la Administración de Justicia, como servicio esencial en funcionamiento durante el Estado de Alarma, ha de evitar, en cierto modo, el “CAOS”, palabra griega χάος, que significa entre otras cosas, “confusión, desorden” .

Nadie a título particular debe pensar que no le atañe colaborar para que no se propague el caos. Es decir, la desinformación por Internet y redes sociales nos concierne a todas y todos,  porque nos perjudica realmente como sociedad, así que todos tenemos una enorme responsabilidad.

Es sabido también que, para prevenir estas malas conductas,  hay normativas sectoriales y Códigos Éticos –en la prensa, por ejemplo- que  conviene tener presente.

Pero en los casos más graves, será inevitable la intervención del Derecho Penal.

Concretando, y sin ánimo exhaustivo, reseñamos algunos ejemplos  de conductas que estarían incluidas en delitos del Código Penal vigente, llevando aparejadas penas de prisión  -aparte de la indemnización civil correspondiente- que los infractores/as  deberán en su caso afrontar-:

Los delitos de odio, del artículo 510 del Código Penal, en su redacción dada por reforma del Código Penal de 2015, que consisten en conductas de incitación a la hostilidad y odio contra determinadas minorías o colectivos. La Fiscalía General del Estado ya emitió una Circular, la 7/2019 sobre como interpretar este tipo de delitos, publicada como decimos bastante antes de la Pandemia de COVID 19- , «BOE» núm. 124, de 24 de mayo de 2019, y el precepto data en su redacción del año 2015 por lo que no es una preocupación nueva, ni mucho menos, si bien en estos tiempos de pandemia ha cobrado plena actualidad.

Delito de revelación de secretos y su difusión, como publicar y reenviar contenidos con datos personales sin consentimiento. Abarca los artículos 197 al 199 del Código Penal.

Delito de revelación de secreto de personas jurídicas, del artículo 200 del Código Penal, o revelación de secreto empresarial (Ley 1/2019 de Secretos Empresariales en las Relaciones Laborales).

Delito de desórdenes públicos, creando situaciones de alarma mediante la difusión de mensajes falsos sobre catástrofes o situaciones similares, previsto en artículos 561 y 562 del Código Penal.

Delitos de injurias y calumnias, como por ejemplo atribuir actividades delictivas a determinadas personas siendo manifiestamente falso, sobre todo cuando se hace con publicidad. Abarca los artículos 206 a 209 del Código Penal.

Delitos contra la integridad moral. Para que se produzca este tipo de delito, ha de tratarse de  situaciones de extrema gravedad, ya que como es sabido la libertad de expresión ampara la emisión y difusión en Redes de opiniones negativas sobre determinadas personas, ya sean de relevancia pública o no.

 

Todos estos tipos de delitos pueden cometerse en concurso unos con otros o de manera individual, pero lo cierto es que, siempre contando con la libertad de expresión que debe presidir nuestra normalidad democrática, no todo vale, y no todo puede hacerse sin consecuencias.

 

Artículo escrito por Fabiola Castellano, del departamento jurídico de Quantika14.

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